Consulta a mujeres sobre el financiamiento para el desarrollo

VERSIÓN FINAL / 22 de junio de 2008

Consulta a mujeres sobre el financiamiento para el desarrollo

Church Center, Nueva York, 16-17 de junio de 2008

 

 

Presentación formal para el proceso de revisión del financiamiento para el desarrollo

 

 

Preámbulo

 

1. En el año 2002, diversos jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en Monterrey, México, y adoptaron una serie de medidas dirigidas a los desafíos interconectados planteados por el financiamiento para el desarrollo en todo el mundo, en particular en los países en desarrollo. El objetivo de estos acuerdos, conocidos como el Consenso de Monterrey, era movilizar mayores y previsibles recursos con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La revisión del Consenso de Monterrey tiene lugar este año en medio de pruebas que demuestran que el empoderamiento de las mujeres y los indicadores de bienestar son las metas más débiles dentro de las de los ODM. Además, la igualdad de género, vista actualmente en los círculos oficiales como un tema multidisciplinario, padece de una falta de claridad conceptual y de objetivos monitoreables claros que agravan lo que ha sido una brecha persistente entre la retórica oficial y la acción.

 

2. Mucho más tiene que suceder para abordar los desafíos nacionales, internacionales y sistémicos del financiamiento del desarrollo producido por un entorno de comercio intensificado y no regulado, y por procesos de liberalización financiera que a menudo producen consecuencias negativas imprevisibles para los objetivos de productividad, crecimiento, empleo, erradicación de la pobreza y distribución del ingreso. Las actuales crisis financiera, alimentaria y de cambio climático son realidades evidentes en un entorno inestable marcado por complicados procesos de competencia de mercado. Un análisis de género plantea más preguntas acerca de la conexión de estas tendencias e inestabilidades con (a) los salarios de las mujeres, el empleo y el trabajo no remunerado, (b) el estado de las capacidades, los recursos y los servicios de reproducción social y de protección social, y (c) la repartición de los riesgos y los shocks financieros dentro de los países y de los hogares. La desigualdad de género está insertada en estructuras sociales asimétricas y en procesos sistémicos que sostienen la difusión desigual de riesgos financieros y crecientes disparidades económicas vividas más agudamente por los más desfavorecidos, especialmente las mujeres. Por ejemplo, la evidencia empírica muestra que las mujeres en países en desarrollo que trabajan por salarios muy bajos en el gran sector informal, también cargan una porción desproporcionada de riesgos financieros como administradoras financieras del hogar, en un contexto en el que el bienestar social y la protección públicos que se brinda a los pobres es inadecuada o inexistente.

 

3. Esta serie de propuestas, que aborda sustancialmente las preocupaciones de interconexión de las mujeres en el Consenso de Monterrey, fue discutida y adoptada en una reunión de consulta a mujeres convocada por el Grupo de Trabajo de Mujeres sobre el Financiamiento para el Desarrollo en Nueva York, el 16 y 17 de junio de 2008. La consulta a las mujeres, a la que asistieron 50 mujeres y hombres, recibió el apoyo de UNIFEM y de la Oficina de Financiamiento para el Desarrollo en DESA; también contó con una interacción y una colaboración intensivas del más vasto Grupo de Redes de ONG de Doha, un proceso que permitió que las preocupaciones de los temas de las mujeres y de la igualdad de género fueran reconocidos por una circunscripción más vasta. De este modo, nuestras propuestas no sólo se ajustan sino que también refuerzan varias recomendaciones clave que se encuentran en el proyecto de Recomendaciones Clave de la Sociedad Civil para el Documento de Resultados Preliminar de Doha.

 

Recomendaciones Clave para Acciones Futuras

 

Capítulo 1: Movilización de recursos internos

 

El Consenso de Monterrey destacó que la movilización de recursos internos, tanto públicos como privados, es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo. Hizo un llamado a un medioambiente nacional favorable donde las políticas macroeconómicas y los marcos reguladores que apoyan el crecimiento, el empleo, la erradicación de la pobreza, la redistribución, la igualdad y el desarrollo humano coexistan interactuando con sistemas y procesos de gobierno participativos y responsables. El tema del espacio político interno es central en este compromiso, y cómo el entorno institucional internacional apoya u obstaculiza la capacidad de los gobiernos nacionales para alcanzar el desarrollo.

1. Promover presupuestos participativos y sensibles con respecto al género

 

La asignación de más recursos internos hacia la igualdad de género es crítica para alcanzar el ODM 3 y señala el compromiso de un país en cuanto a la igualdad de género y un buen gobierno a través de inversiones de sus propios recursos. El Consenso de Monterrey ya había destacado la necesidad crítica de reforzar los esfuerzos nacionales en el mejoramiento de la capacidad para las políticas y prácticas presupuestarias de género, mientras que el Diálogo de Alto Nivel de 2005 enfatizaba que la movilización de recursos internos debería estimular la elaboración de un presupuesto sensible con respecto al género para asegurar que los compromisos relevantes para la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el bienestar y la protección social reciban los recursos necesarios. Para ser eficientes, eficaces y responsables, los sistemas y las prácticas de la Gestión de las Finanzas Públicas necesitan recibir apoyo y no obstáculos para la elaboración de un presupuesto participativo y sensible con respecto al género.

 

Con este fin, deberían asignarse recursos para:

 

(1)     la formación de burócratas del gobierno en el uso de presupuestos participativos y sensibles con respecto al género;

(2)     la recopilación y la utilización de datos desagregados por género, lo que incluye encuestas sobre el uso del tiempo que miden el trabajo femenino no remunerado y su contribución a la economía nacional para hacer visible la contribución económica real de las mujeres y las medidas contra la pobreza sensibles con respecto al género en el Sistema de Cuentas Nacional (ECLAC, Consenso de Quito 2007); y

(3)   la participación significativa y regular de grupos de advocacy por los derechos de las mujeres y representantes de la sociedad civil en procesos presupuestales participativos y sensibles con respecto al género.

 

También pueden aplicarse prácticas presupuestarias de género a la planificación y la implementación de proyectos y programas patrocinados por la AOD, tanto por parte del país donante como del receptor.

 

2. Fortalecer el compromiso nacional y la aplicación de Trabajo Decente

 

La aplicación de políticas y reglamentación nacionales que promueven el trabajo decente es una estrategia que responde simultáneamente a la reducción de la pobreza, a la igualdad de género y al crecimiento equitativo. Promueve el buen gobierno y el imperio de la ley al asegurar que los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos (trabajadores), como el derecho a un salario digno y a procesos de negociación colectiva, estén protegidos por la ley. Con relación a esto, acogemos con agrado un reciente informe que criticaba el Informe Anual Doing Business del Banco Mundial, que clasifica los países según tengan o no un entorno comercial favorable, lo que coloca en los lugares más bajos a los países que intentan promover los principios del trabajo decente.

 

Las políticas para crear trabajo decente deberían dar total cuenta de cambios rápidos en mercados y oportunidades laborales cuando los gobiernos comiencen a poner en práctica los ajustes necesarios con vistas a una liberalización comercial debidamente secuenciada y gestionada que refuerce, y no debilite, la capacidad productiva nacional. Se necesitan esfuerzos para alcanzar inmediatamente la gran cantidad de mujeres que se encuentran en Zonas Francas Industriales y en el trabajo informal.

 

Recomendamos prestar especial atención a mujeres trabajadoras en los siguientes aspectos:

 

(1)     necesidad de trabajos de calidad para mujeres trabajadoras

(2)     formación que mejore las opciones de las mujeres en diferentes sectores del mercado laboral

(3)     acceso a financiamiento para mujeres empresarias, especialmente en pequeñas y medianas empresas

(4)     suministro de seguro de salud que incluya acceso a servicios de salud reproductiva

(5)     suministro de subsidios por maternidad y acceso abordable a la asistencia infantil, y

(6)     protección de los derechos de las mujeres trabajadoras a la autoorganización y autorepresentación en diálogos sociales

 

3. Utilizar esquemas fiscales progresivos y justos que incluyan desgravaciones tributarias y fiscales para los pobres y las mujeres

 

Regímenes fiscales progresivos pueden optimizar las rentas al tiempo que alivian las disparidades de ingresos que han marcado el crecimiento en varios países (UNIFEM 2007). Bajo estas circunstancias, apoyamos la tributación progresiva justa y eficiente, incluyendo la tributación de multinacionales, abordando de forma más enérgica el problema de la evasión de impuestos y el paraíso fiscal, fortaleciendo la cooperación tributaria en todo el mundo y estableciendo una Organización Tributaria Internacional, todo lo cual fue propuesto y aprobado ampliamente por OSC y grupos de ciudadanos.

 

Además, recomendamos las siguientes medidas fiscales adicionales:

 

(1)     desgravaciones tributarias para las mujeres en reconocimiento por su aporte a la sociedad, su discriminación histórica en la propiedad de la tierra, así como su desigual participación en las responsabilidades de la familia

(2)     desgravaciones fiscales para los pobres y para jefes de familia sin cónyuge, la mayoría de los cuales son mujeres, que cuidan a los más ancianos o los más pequeños

 

Capítulo 2: Inversiones extranjeras directas y corrientes de capital privado

 

El Consenso de Monterrey, en su mayor parte, valorizó el aumento del volumen de corrientes de capital privado y público hacia países en desarrollo, el cambio de la composición y los impactos diferenciados de diversos tipos de corrientes de capital, así como el cambio de su geografía. Al tiempo que reconocen ampliamente las oportunidades para el desarrollo del financiamiento a partir de estos tipos de corrientes, los gobiernos también reconocieron, de forma preliminar y generalizada, “que tienen importancia las medidas para atenuar el impacto de la excesiva inestabilidad de las corrientes de capital a corto plazo. Dadas las diferencias de capacidad de los países, también es importante tener en cuenta las características de la gestión nacional de la deuda externa; prestar suma atención a los riesgos cambiarios y de liquidez; fortalecer las normas de disciplina y control y la supervisión de todas las instituciones financieras, incluidas las que tienen un alto nivel de endeudamiento; liberalizar las corrientes de capital en forma ordenada y bien escalonada, de conformidad con los objetivos de desarrollo, y aplicar en forma progresiva y voluntaria los códigos y normas convenidos internacionalmente. (...)" (Consenso de Monterrey, párrafo 25).

 

Nos unimos al esfuerzo de nuestros colegas en la sociedad civil que presentan un llamado para un mecanismo multilateral que someta a los inversores y a las multinacionales a normas y criterios más obligatorios desde el punto de vista legal. Mientras tanto, el comportamiento de los inversores continúa planteando problemas a los gobiernos de países en desarrollo que tienen dificultades para tratar los efectos de la competencia salarial y la carrera impositiva global hacia abajo. En una situación de mercados financieros liberalizados que continúan mostrando tendencias hacia la crisis, estos gobiernos deben ocuparse de un entorno cada vez más riesgoso al tiempo que buscan oportunidades para obtener financiamientos para el desarrollo a través de corrientes de capital privado mientras aseguran la estabilidad del crecimiento para sus economías.

 

Dado el contexto actual de aún otra crisis financiera, el momento de actuar es ahora. La confusión financiera reinante mostró que los mecanismos reguladores nacionales que existen incluso dentro de los países desarrollados, así como la vigilancia económica internacional y los sistemas de intercambio de información, son inadecuados e incapaces de responder ante las prácticas emergentes cada vez más numerosas de toma de riesgos de bancos y de otras instituciones financieras no bancarias, y ante el comportamiento cada vez más especulativo de inversores y comerciantes en un entorno en el que aumentan cada vez más los riesgos y la inestabilidad. Las crisis financieras tienen efectos sobre el empleo y los ingresos, así como efectos indirectos sobre el bienestar y la reducción de la pobreza que, a fin de cuentas, alcanzan a mujeres y a hombres diferencialmente, siendo a menudo las mujeres que brindan los cuidados quienes llevan la carga del reparto y el ajuste de riesgos en el hogar.

 

Con la intención de apoyar el llamado al establecimiento de normas obligatorias para multinacionales en las Naciones Unidas, proponemos las siguientes recomendaciones conjuntas:

 

1. Convocar dentro de las Naciones Unidas, y para lo antes posible, una reunión intergubernamental dirigida a determinar cómo pueden los gobiernos manejar de forma eficiente y efectiva su competencia por IED y otras corrientes de capital

 

2. Fortalecer, a nivel nacional, el imperio de la ley y el acceso del ciudadano a la información y al sistema legal a fin de obligar a los inversores y comerciantes a comportarse como "buenos ciudadanos".

 

 

Capítulo 3: Comercio

 

El marco de liberalización comercial rápida e intensificada que propugna la Organización Mundial del Comercio y que está impulsando algunos acuerdos regionales y bilaterales de libre comercio ha sido criticado por sus elementos antidesarrollo. El comercio no es un fin en sí mismo – debe servir a las personas y al desarrollo inclusivo, a la ejecución de los derechos humanos y el derecho al desarrollo para todos, y a la consecución de una economía humanitaria y sostenibilidad ambiental. La perspectiva de género del comercio es integral; apoya el marco más amplio de las convenciones internacionales y los compromisos multilaterales por el bien común.

 

El comercio afecta la igualdad de género a través de las oportunidades o pérdidas de empleo y de ingresos, así como de cambios en los costos de productos y servicios básicos. Por ahora no hay ningún mecanismo que controle hasta qué punto las políticas comerciales actuales han funcionado para reducir las desigualdades de género, pero la liberalización comercial, que generalmente está acompañada del cobro de ingresos más bajos de las tarifas, puede reducir las inversiones en los servicios públicos y desplazar las cargas tributarias hacia el trabajo de tal forma que limiten la productividad de las mujeres. Algunas industrias favorecidas por el comercio mejoran las perspectivas de empleo de mujeres como principio general, pero otras, inclusive algunos sectores de alta tecnología que ofrecen mejores salarios, pueden no beneficiar a las mujeres debido a los persistentes perjuicios relacionados con el género, que reducen las posibilidades de las mujeres de cultivar las capacidades adecuadas. Esto se ve en la práctica ampliamente criticada de industrias dedicadas a la exportación que ven a las mujeres como insumos de bajo costo dentro de la producción (UNIFEM 2007).

 

1. Aplicar activamente un tratamiento especial y diferencial, y una reciprocidad menos que plena como principios para las negociaciones comerciales.

 

En el clima actual de liberalización comercial, los países son incapaces de proteger sus industrias, algunas de las cuales, tradicionalmente, habían generado ingresos y suministrado servicios básicos para las mujeres a precios razonables. Particularmente en el área de la alimentación y la agricultura, las mujeres son la mayoría productoras de los productos de primera necesidad. Como pequeñas productoras, no tienen acceso a la tierra, a los mercados, al crédito y a otros insumos. Esto podría remediarse mediante apoyo interno dirigido particularmente a pequeños productores.

 

A medida que la capacidad de los países para integrarse a la economía global crece, el entorno internacional debe apoyar sus capacidades emergentes. Todos los acuerdos comerciales internacionales deberían hacer concesiones para que los países aborden las diversas circunstancias del desarrollo nacional. Las opciones políticas podrían incluir la identificación de industrias específicas como apoyo; el estímulo de inversiones extranjeras directas que apoyen las metas de desarrollo; cierta cantidad de protección comercial a través de tarifas razonables y medidas relacionadas que ayuden a los productores nacionales a desarrollar sus capacidades; y el mejoramiento de las aptitudes y la tecnología para que la ventaja competitiva de un país no se base solamente en trabajo de bajo costo y otros insumos, sino también en el desarrollo tecnológico y humano (UNIFEM 2007).

 

2. Apoyar y fortalecer la participación significativa de las mujeres en procesos y mecanismos multilaterales de supervisión relacionados con acuerdos y reformas comerciales en todos los niveles.

 

Sistemáticamente, las mujeres no participan de forma significativa en procesos de negociaciones comerciales, ni se incluye una perspectiva de género en el análisis y la comprensión de potenciales impactos de acuerdos comerciales y ajustes relacionados con el comercio. Debe incorporarse una supervisión de la sociedad civil y parlamentaria en revisiones regulares del impacto comercial en todos los niveles para que pueda haber un control de los impactos sociales y de género del comercio. También debe financiarse y apoyarse el esfuerzo para elaborar una lista de indicadores sensibles al descubrimiento de contradicciones con relación a metas y compromisos sociales en el comercio.

 

Capítulo 4: Cooperación financiera y técnica internacional

 

Aunque la participación global de la AOD en el panorama financiero es menor que las corrientes y el comercio financiero privado, en los países más pobres la AOD es esencial para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los ODM. Se reconoce que las corrientes de ayuda son altamente inestables y amenazan la continuidad de los programas de desarrollo, por ejemplo, en igualdad de género. Es por ello que acogemos con beneplácito el surgimiento de la Cooperación Sur-Sur y de otras innovadoras fuentes de financiamiento para el desarrollo.

 

Tras reconocer que los donantes asignan la AOD cuando financian proyectos específicos, y los gobiernos receptores determinan la asignación del financiamiento dado por el donante como apoyo presupuestal directo o apoyo sectorial, recomendamos:

 

1. Asegurar el carácter adicional y la previsibilidad de las corrientes de ayuda

 

En todo el mundo, las mujeres son las más afectadas por programas de ajuste estructural y pobreza, con la privatización de servicios educativos y sanitarios y de otros recursos y servicios esenciales para la reproducción social, que tienen un impacto más severo sobre las mujeres. Los proyectos que apoyan el empoderamiento de las mujeres padecen una insuficiencia de financiamiento y deben ser reforzados si se quieren realizar avances. Además, la transformación social y de género se desarrolla durante un largo período de tiempo y debe recibir un apoyo sostenido para hacerse realidad. Esto no sólo es cierto en países en desarrollo donde se concentran mayormente las corrientes de ayuda, sino también en ciertos sectores y regiones en el interior de países con ingreso medio a los que también deben llegar donantes tradicionales y nuevos.

 

Con esto en la mira, los gobiernos donantes deben cumplir inmediatamente su compromiso de otorgar 0.7% de su PNB como asistencia oficial para el desarrollo para los países en desarrollo. Además, tanto donantes como receptores deben aumentar la participación de la AOD para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres hasta alcanzar el 10% para 2010 y el 20% para 2015, asegurándose de que haya aumentos año tras año en algún nivel convenido. Deben evitar las prácticas que distorsionen la AOD como inflar sus estadísticas de AOD incluyendo de forma arbitraria diversos tipos de costos o reorganizando los financiamientos de un asunto antiguo hacia uno nuevo sin volver a llenar las finanzas de forma real, o continuando el alivio de la deuda como parte de la AOD.

 

Asimismo, el incremento de la AOD no deberá conducir a un ciclo de deuda para el país receptor. Más bien, el principal incremento de la AOD debería sentirse en el componente de subvención de la ayuda más que en el componente de préstamo.

 

2. Eliminar los condicionamientos y reforzar la mutua responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia de los países donantes y receptores

 

La AOD no debe ser utilizada para ejercer poder sobre los países receptores a través del uso entre otros condicionamientos. Tampoco debe vinculársela a negociaciones comerciales. En cambio, la AOD debe utilizarse para desarrollar la capacidad de la economía del país receptor para generar y movilizar sus propios recursos, para promover el desarrollo al tiempo que se reducen las desigualdades estructurales, incluyendo la desigualdad de género. En pocas palabras, la AOD debe ser una contribución que apoye verdaderamente el desarrollo económico y social nacional dentro del marco de una sociedad democrática dinámica y robusta y de gobiernos transparentes y responsables impulsados por sus propios actores políticos fortalecidos.

 

Para asegurarse de que las ventajas de un financiamiento adicional beneficie la igualdad de género, la justicia social y la inclusión, los procesos de la AOD deben respaldar la mutua responsabilidad y obligaciones de los gobiernos para cumplir las normas, los objetivos, las metas y las acciones para el desarrollo acordadas internacionalmente que fueron determinadas en la Plataforma de Acción de Beijing, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención internacional sobre población y desarrollo, Educación para todos, entre otros, sin recurrir a imposiciones y condicionamientos dentro del estrecho marco de la entrega de ayuda.

 

La responsabilidad mutua debe asegurar la participación paritaria entre donantes y receptores y facilitar a los gobiernos de los países donantes y receptores la rendición de cuentas ante diversos públicos, las mujeres incluidas. Las negociaciones sobre la AOD deben ser dirigidas por los países más que por los donantes, y deben ser democráticas e inclusivas en sus procesos y prácticas, así como estar sujetas a un foro de revisión multilateral y con diferentes participantes como el Foro de Cooperación para el Desarrollo de ECOSOC.

 

3. Desarrollar indicadores, herramientas y metodologías sensibles con respecto al género para evaluar la efectividad de calidad y desarrollo de la ayuda

 

En apoyo a la mutua responsabilidad y rendición de cuentas para la igualdad de género tanto por parte de los donantes como de los receptores, deben desarrollarse herramientas y metodologías de control y evaluación para valorar hasta qué punto las asignaciones de ayuda se dirigen o no a la consecución de las metas de redistribución, sociales y de género. La categorización de género, junto con los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, en tanto temas multidisciplinarios, han dificultado el rastreo de resultados dentro de financiamientos de canastas y la programación del sector a nivel general. El desarrollo de herramientas y metodologías con información a nivel de género debe realizarse dentro de un proceso participativo e involucrar tanto a los donantes tradicionales como a los nuevos, y a través de diversas modalidades de ayuda. Además, este ejercicio debe llevarse a cabo en todos los niveles, con asignación de recursos para permitir la participación significativa de defensores de los derechos de las mujeres en procesos nacionales, regionales e internacionales. El sistema de las Naciones Unidas, en particular sus diversas agencias y entidades encargadas de la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, debe ser donde se desarrolle este proceso en la esfera multilateral.

 

Capítulo 5: Deuda

 

La inclusión de la deuda en el Consenso de Monterrey brindó la posibilidad para que la comunidad internacional se comprometiera con nuevos principios relacionados con el antiguo problema de la carga de la deuda entre los países en desarrollo. No obstante, los acuerdos concretos se centraron en mecanismos limitados de cancelación de deuda a través de los PPME cuya debilidad subyacente puede verse en el desequilibrado énfasis en el financiamiento y en la necesidad de condicionamientos de política más que en la dimensión de desarrollo de la deuda externa.

 

1. Emprender una serie de revisiones y redefiniciones más críticas del Marco de sostenibilidad de la deuda que debe involucrar no sólo a los gobiernos nacionales sino también a la sociedad civil, incluidas organizaciones por los derechos de las mujeres

 

Las estrategias actuales para el alivio de la deuda están orientadas únicamente a resolver problemas fiscales y financieros y no de desarrollo. La mayoría de los países aún sufre la pesada carga de deudas y el impacto de la pérdida de recursos muy necesarios por la deuda. Existe una necesidad urgente de expandir y profundizar la cancelación de la deuda para cubrir a países de bajos y de medianos ingresos que soportan el peso de la deuda. El Marco de sostenibilidad de la deuda revisado debe otorgar un lugar central a los objetivos del desarrollo humano y a los derechos humanos, lo que incluye la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

 

2. Préstamos y cancelación de deuda deben desvincularse de los condicionamientos

 

Los condicionamientos políticos que han acompañado programas de cancelación de deuda y préstamos (p. ej. PPME) han tenido efectos negativos en las mujeres, las personas pobres y marginadas, el sustento y las economías, y el medioambiente. Los impactos de estos condicionamientos invalidan los resultados positivos de la cancelación de deuda.

 

Los donantes no deben determinar unilateralmente dónde utilizar fondos liberados de la cancelación de deuda, como por ejemplo, para apoyar programas de igualdad de género. Un proceso transparente, responsable y democrático para decidir en qué utilizar los fondos debe incluir OSC internas del país a lo largo de todo el proceso, incluidas organizaciones por los derechos de las mujeres. Al mismo tiempo, un proceso de este tipo obliga a que las operaciones financieras reconozcan y respalden la mutua responsabilidad y obligaciones de los gobiernos de proteger los derechos humanos, asegurar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y promover la sostenibilidad ambiental.

 

3. Debe iniciarse un diálogo político en las Naciones Unidas para abordar la cuestión de deudas odiosas / ilegítimas

 

Existe un reconocimiento cada vez mayor del problema de la deuda odiosa e ilegítima, la responsabilidad compartida de prestamistas y prestatarios en el surgimiento y la perpetuación de este problema, y la justicia del llamado a cancelar deudas odiosas e ilegítimas. Noruega abrió el camino cuando canceló una deuda que reconocía como ilegítima. Esto fue seguido por otras iniciativas como la Mesa redonda del Banco Mundial y los debates del PNUD sobre deuda ilegítima así como el trabajo de UNCTAD sobre deuda ilegítima.

 

Se fomenta la realización de auditorías exhaustivas sobre deuda del país para abordar, entre otras, la cuestión de la ilegitimidad de la deuda.  También es necesario desarrollar una plataforma común para que tanto prestamistas como prestatarios respalden un Financiamiento responsable y de principios.

 

Capítulo 6: Cuestiones sistémicas

 

Las disparidades de género reflejan y están relacionadas con los desequilibrios estructurales en el sistema económico global, que se expresan como las brechas de desarrollo entre el Norte y el Sur, la marginación de grupos de personas de procesos de crecimiento centrales y sus bajos niveles de participación y toma de decisiones en la conducción económica global. El abordaje de estas inequidades es un paso importante para dar respuesta a las necesidades de las personas, mujeres y hombres, sobre el terreno.

 

El marco para reforzar la coherencia y la consistencia de los sistemas monetario, financiero y comercial internacionales en apoyo al desarrollo requiere un compromiso de atraer la categoría de las entidades de las Naciones Unidas como el Comité de Basilea, donde los países en desarrollo no están representados pero cuyas acciones y decisiones tienen un impacto en los mercados financieros, así como priorizar la promoción de objetivos y políticas sociales por encima de objetivos financieros estrechos. 

 

Para lograr este objetivo recomendamos:

 

1. Continuar asegurando que los mecanismos de seguimiento del FFD, procesos consultivos y oportunidades para aportes técnicos en todos sus ámbitos multilaterales constituyan espacios efectivos para la realización de aportes consistentes y regulares sobre la igualdad de género por parte de organizaciones y redes por los derechos de las mujeres y expertos en igualdad de género. 

 

La inestabilidad global y las crisis financieras tienen un impacto negativo desproporcionado en las mujeres; de ahí la necesidad de prevenir y manejar la ocurrencia de crisis informadas por análisis de género. El enfoque multilateral de los FFD se sitúa exclusivamente para atraer organizaciones y redes de mujeres y expertos en género para la identificación de enfoques y soluciones políticas innovadoras que aborden de forma explícita las dimensiones de género de la coordinación macroeconómica y del tipo de cambio (especialmente de las economías grandes), el desarrollo de códigos y estándares financieros, y la regulación de las actividades del sector privado. En las discusiones también se puede incluir la exploración y el desarrollo de mecanismos para proveer recursos en forma colectiva para programas e instituciones (incluidos equipos nacionales de mujeres) que cumplan los objetivos sociales y la igualdad de género.

 

Es necesario fortalecer los lazos institucionales y los acuerdos dentro del sistema de las Naciones Unidas para apoyar a las mujeres y a las organizaciones de mujeres en todos los niveles de planificación, control y evaluación de los procesos de desarrollo en escenarios nacionales e internacionales para apoyar la implementación de compromisos de conformidad con el Consenso de Monterrey (párrafos 4 y 64). También es necesaria la coherencia y la consistencia entre el Consenso de Monterrey y la Plataforma de Acción de Beijing.

 

El enfoque multilateral de los FFD y la fuerte participación de la sociedad civil, incluidas organizaciones y redes por los derechos de las mujeres, puede repetirse en cualquier parte del sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, el Foro de Cooperación para el Desarrollo, que es una plataforma multilateral con una agenda más flexible, puede utilizarse para un intercambio de información más frecuente sobre las mejores prácticas y el diálogo para el aprendizaje entre pares, lo que puede proporcionar el estímulo para la exploración de nuevos enfoques sobre mecanismos internacionales, regionales y nacionales de conducción económica participativos y sensibles con respecto al género.

 

Como tales, todas las entidades de Naciones Unidas sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres deberán reforzar su capacidad para vincularse con temas y áreas no identificadas tradicionalmente con la igualdad de género. Los esfuerzos no deben ser pequeños y esporádicos. Esto establecerá nuevas formas de pensar y estrategias sobre la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el contexto de la creación de nuevos consensos en torno al desarrollo y a la conducción global dentro del sistema de Naciones Unidas.

 

Capítulo 7: Temas emergentes

 

1. El financiamiento para tratar las crisis alimentaria y climática no debería tomar la forma de préstamos.

 

Las crisis alimentaria, energética y climática vuelve a las personas del Sur, y a las mujeres que dominan el sector alimentario, más vulnerables a la acumulación de nuevos préstamos. Los gobiernos no deberían ofrecer o firmar financiamientos por préstamos para la compra de semillas y programas alimentarios y agrícolas similares, o financiamientos por préstamos para mecanismos de mitigación y adaptación climática.

 

Continuar comprometido por la igualdad de género

 

El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre el FFD se compromete a continuar plenamente comprometido en todos los procesos de seguimiento y a tender puentes entre compromisos y acciones sobre desarrollo, comercio, finanzas, deuda y cuestiones sistémicas y el compromiso y los objetivos por los derechos de las mujeres y la igualdad de género, consistentes con la agenda integral del Consenso de Monterrey. La concepción del proceso de financiamiento para el desarrollo no puede materializarse sin un enfoque integral que tome como ejemplo las interconexiones entre comercio y finanzas en todas sus diversas formas: ayuda, inversión, deuda y ahorro interno.