Masacre de 30 campesinos a manos de civicos en Pando, Bolivia

Biceca.org

En un acto de lo mas violento en la historia de la democracia de Bolivia, una campaña realizada por los Prefectos de la oposición en el país intentaron desestabilizar el gobierno de Evo Morales, quitando la vida a 30 personas y dejando varias docenas más heridas en la provincia Amazónica de Pando. La mayoría de los gobiernos regionales expresan su condena, Estados Unidos está silencioso.

Mientras los burócratas de Estados Unidos se quejan de la expulsión de uno de los embajadores más incompetentes en la región, los presidentes de Latino América se reunieron en Chile este lunes para encontrar una respuesta significativa a la crisis de Bolivia – a la que algunos se refieren como el mayor ataque a la democracia  Latino Americana desde que los Estados Unidos impulsó el golpe de Estado a la presidencia de Salvador Allende, hace 35 años.

En el mismo día del asesinato de Allende, al menos 30 personas fueron asesinadas y alrededor de otras 100 fueron heridas en una agresión, el jueves 11 de septiembre pasado, cuando paramilitares junto al Comité Cívico, que se cree que han sido entrenados y financiados por el Prefecto del Estado boliviano de Pando, Leopoldo Fernández, atacó a un grupo pacífico de campesinos que se dirigían hacia una Asamblea en la localidad del Porvenir.

De acuerdo a testigos del ataque, que ocurrió a las 3 de la madrugada cerca del pueblo de Tres Barracas, las victimas, que no portaban armas, fueron acribilladas por atacantes ocultos en las copas de los árboles, los cuales luego persiguieron a sus victimas a pie. Un total de 17 muertos han sido confirmados, pero las autoridades locales esperan que la cifra ascienda a 30. Entre las victimas había mujeres y niños. Algunos de los heridos fueron perseguidos cerca del hospital, donde fueron rematados. Otros escaparon al monte cercano o cruzaron la frontera con Brasil, pero están en peligro debido a la falta de atención médica o al riesgo de nuevos ataques.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, cuyos miembros han liderado la campaña para bloquear el proyecto brasilero de construir las represas hidroeléctricas Madeira (San Antonio y Jirau), las que impactan en territorio boliviano, denunciaron la desaparición de más de 50 miembros y 26 heridos por armas de fuego. Muchas personas más aún no aparecen.

Alrededor de 15 personas fueron capturadas por los atacantes y llevadas a la policía como si fueran criminales. Al menos 40 empleados armados del Prefecto Fernández retuvieron a estas 15 personas como rehenes antes de fugarse en anticipación a las fuerzas de seguridad bolivianas.

Por más de un día luego de los primeros reportes sobre los ataques, ni el gobierno boliviano, ni la Cruz Roja, fueron capaces de responder a la emergencia. Finalizando el viernes, el gobierno declaró el estado de sitio y envió fuerzas para asegurara Cobija, la cuidad capital. Dos personas resultaron muertas en la pacificación gubernamental del aeropuerto. Ha sido reportado que la municipalidad de Filadelfia fue quemada por atacantes el domingo.

El gobierno anunció la detencion del Prefecto Fernández el miercoles como el autor intelectual de la masacre de Tres Barracas.

Inequidad en la distribución de la tierra – El telón de fondo de la crisis política.

Un comunicado de prensa emitido el viernes por parte de Amnistía Internacional afirmó que “la escalada de violencia en los últimos días en el área conocida como la  “media luna”, constituida por los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando, dan una seria razón para preocuparse por la situación de los derechos humanos en el país. La violencia ha brotado en las diversas etapas del proceso de reforma constitucional que comenzó en el 2005, desde que las sensibilidades regionales sobre el asunto de la autonomía han llevado a una polarización en las respuestas. La discriminación y el racismo contra la población nativa de Bolivia  han sido un rasgo subyacente en estas tensiones.

La masacre de Tres Barracas es la más reciente en una larga sucesión de provocaciones violentas llevadas a cabo por bandas organizadas de jóvenes en junto con los gobernadores de los departamentos de la “media luna” y otros líderes opositores que se han enfrentado al gobierno de MAS a pesar de el reciente referéndum que aprobó  al actual gobierno con el 67% de los votos. Los recientes hechos de violencia incluyen el sabotaje de los oleoductos de gas natural, el destrozo de oficinas gubernamentales y amenazas de cortar las exportaciones de gas natural a los vecinos Brasil y Argentina.

Grupos de vigilantes en Santa Cruz, incluyendo la Unión Civil Cruceñista, han tenido como objetivo agencias de medios de comunicación y ONGs, en particular aquellas que trabajan con comunidades nativas en defensa de sus derechos humanos. Una ONG, Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), ha sido objeto de 15 ataques en los últimos 5 años, culminando con el asalto de sus oficinas el pasado 9 de septiembre que dejó a varios miembros heridos. Otra ONG, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), fue atacada y sus miembros fueron golpeados. Ambas organizaciones están al frente del plan gubernamental para redistribuir tierras.

Oficiales del gobierno estiman el 60 o 70% de la tierra potencialmente productiva en el este del país son controladas por unos pocos miles de grandes hacendados, mientras que solo el 5 a 10% de la tierra cultivable está en manos de cientos de miles de campesinos, en su mayoría granjeros indígenas. La nueva propuesta de Constitución para la cual las elecciones están planeadas para principios de diciembre, establece límites en la tenencia de tierra entre las 5.000 a 10.000 hectáreas.

Leopoldo Fernández se ha enriquecido siendo cliente de los mayores hacendados de Bolivia y al mismo tiempo haciendo muy poco para reducir la pobreza en la provincia, a pesar de haber crecido hasta convertirse en uno de los políticos más destacados desde la dictadura de Hugo Banzer. Fernández fue un oficial en la dictadura de Banzer (1971-78), y García-Meza (1980-81) bajo la cual se cree que adquirió tierras ilegalmente. Más tarde, sirvió como la cabeza del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Pando, así como Parlamentario, Ministro de Gobierno y Prefecto bajo el gobierno de  Hugo Banzar-Jorge Quiroga (1997-2002).  Sus negocios incluyen plantaciones de nueces brasileras y la cría de ganado, contando con un patrimonio declarado de $US 1,4 millones (Ver: Leopoldo Fernández, el "carnicero de Porvenir"). 

Descendiente de los administradores del caucho que esclavizaron la población nativa del Amazonas boliviano desde el siglo 19, Fernández está asociado estrechamente con algunos de los más grandes madereros y aserraderos que operan en el Amazonas (Brasilera y Boliviana), incluyendo varios de las más grandes familias terratenientes:  Sonnenschein (21.773 hectáreas), Hecker (12.498 ha), Vaca Roca (1,000 ha), Vargas Rivera (4.890 ha), Peñaranda (4.167 ha), Barbery Paz (14.820), todas las cuales recibieron tierras durante la última reforma agraria. (La Prensa, 12.3.07).

La ex Ministra de Gobierno,     Alicia Muños, denunció que Fernández entrenaba paramilitares ya en el 2006. Luego de que el Senador Abraham Cuellar del UN votó positivamente para apoyar la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, Fernández envió matones que quemaron su casa.

Pando -  Una Fachada del Movimiento Autonómico

Los distintos medios han presentado la masacre de Tres Barracas como un episodio de confrontaciones armadas de “ojo por ojo, diente por diente” dentro de una construcción narrativa más abarcativa en la que se le da igual peso de responsabilidad  por la espiral de violencia, tanto al MAS como a la media luna. Esto no es solo falso, sino que más importante, es que esto es un componente estratégico del patrón de cobertura de la prensa tradicional en Bolivia que presenta a Bolivia  como “un país igualmente dividido”. De hecho, el reciente referendo presidencial probó que el Presidente Evo Morales goza de un apoyo popular en seis de los nieve departamentos y ganó las mayoría de los votos en 95 de los 112 distritos electorales que conforman el país. Dos de cada tres bolivianos votaron por él, para que continúe como su presidente. El apoyo a la autonomía o movimiento separatista está limitado a partes de la ciudad de Santa Cruz, Tarija, Sucre y Trinidad y a pequeños segmentos rurales de esos departamentos. 

Al haberse destapando progresivamente la distorsionada percepción de legitimidad conferida a las proclamas de autonomía, previa a su desastrosa actuación en la votación del 10 de Agosto pasado, los prefectos han intentado fomentar provocaciones en forma de turbas violentas contra la policía, organizaciones asociadas con el gobierno e instituciones públicas. El objetivo es gatillar una respuesta violenta por parte del gobierno para crear miedo y simpatía por las aparentes víctimas. Los líderes de la media luna han hecho frecuentes esfuerzos para hacer un paralelo con los 60 muertos en El Alto (Octubre 2003) perpetrado por Sánchez de Lozada, pero con escasos resultados.

La hipocresía de la estrategia de la media luna expuesta por la masacre de Tres Barracas no solo era inevitable, pero en estos momentos, tapar los hechos es el principal objetivo de la prensa tradicional boliviana. En este punto hay que considerar la fragilidad de la situación política de Pando luego del referéndum de agosto. De los meros 26.400 personas que votaron el 10 de Agosto en Pando (comparados con el millón que votaron el La Paz solamente), Fernández ganó con el 56,2%, contra el más bien débil 48% obtenido en el 2005. Sin embargo, el 52,5% de los votantes de Pando aprobaron la presidencia de Evo Morales, contra el mero 21% recibido en el 2005. El formidable momento de Pando (con 30% más del total de votos) predice que los días de Fernández están contados. Similares, aunque menores relativamente fueron las ganancias de Morales en otros departamentos opositores.

Branco Marinkovic, el presidente del comité Pro-Santa Cruz, ha sido el único líder de la media luna que ha defendido públicamente a Fernández. La defensa de Fernández por parte de Marinkovic es entendible si uno observa el conflicto en Pando y las mayoría de las provincias separatistas, donde los conflictos de raíz  son por las tierras, en parte porque muchos políticos de élite de las tierras bajas, como Marinkovic y Fernández, se han beneficiado aparentemente con donaciones de tierras hechas de manera corrupta y compras de tierras fraudulentas. Marinkovic es un empresario descendiente de croatas, dueño de la fábrica más grande de aceite de cocina y director del Banco Económico. Marinkovic ha reclamado parcelas de tierra totalizando 27.000 hectáreas dentro del territorio indígena del pueblo de Gurayo. El gobierno dice que esa tierra fue comprada en una transacción ilegal y hasta hace poco Marinkovic solo sembró unos cientos de hectáreas y crió 40 cabezas de ganado adulto. Marinkovic y otros terratenientes de elite de Santa Cruz han usado repetidamente la violencia para bloquear los esfuerzos gubernamentales para evaluar el uso productivo y social de los grandes holdings para determinar si esas tierras deben ser redistribuidas como lo requiere la ley.

Las Reacciones Políticas Resaltan la Brecha entre el Norte y el Sur

El gobierno boliviano llamó al diálogo, pero hasta que no ocurrieron los asombrosamente violentos actos perpetrados por los paramilitares de Pando, los líderes de la media luna han huido a las negociaciones. La tensión en Bolivia se exacerbó esta semana, cuando Bolivia expulsó al embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, luego de acusarlo de contribuir a la división del país. “No queremos gente que son separatistas, que fomentan las divisiones, que conspiran contra la unidad” dijo Morales refiriéndose a Goldberg. Goldberg ha demostrado una consistente falta de competencia como diplomático, provocando al gobierno de Morales frecuentemente con reuniones abiertas con los prefectos opositores quienes presidían sobre los violentos ataques a las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Goldberg fue informado de su estatus de persona non grata y obligado a irse del país. En represaría, el embajador de Bolivia en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, fue también expulsado. 

Venezuela también expulsó al embajador estadounidense y el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, pospuso la recepción de las credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos es ese país para mostrar solidaridad con Bolivia. “Creemos que…en defensa de los principios de solidaridad de los países, debemos ser solidarios con los problemas que vive Bolivia y ser una voz de protesta  frente a  las naciones del mundo” dijo Zelaya en una conferencia de prensa.

En declaraciones hechas por representantes del congreso de Estados Unidos, Dan Burton y Elliot Engels, se criticó severamente al gobierno Boliviano por la expulsión del Embajador Goldberg, pero pasó por alto los actos provocativos por parte de Goldberg,  que fueron ampliamente percibidos y asociados como un apoyo a los líderes de la media luna. Es poco claro si Goldberg conspiró con las acciones desestabilizadoras. Sin embrago, las reacciones incendiarias provocadas por su obvia falta de sensibilidad diplomática durante la larga sucesión de reuniones unilaterales con los oficiales opositores, es probablemente razón suficiente para que el gobierno tomara esa decisión. En apoyo al gobierno los movimientos sociales han demandado una línea más dura por parte del gobierno,  pidiendo la renuncia y el inicio de un proceso judicial de Fernández así como una fecha límite para negociar con los líderes opositores.

El sábado, la campaña de Obama lanzó el siguiente comunicado que ignora la masacre y refleja la falta de información respecto a la crisis en Bolivia: “El Senador Obama está muy preocupado por la decisión del Presidente Evo Morales de expulsar el embajador norteamericano Phillip Goldberg. El Senador Obama cree que Bolivia debe resolver sus tensiones internas a través del diálogo, no tratando de culpar a foráneos o recurriendo a la violencia. Obama alienta al Presidente Morales a reconsiderar su actual dirección por el bien de Bolivia, su gente, y su futura relación con los Estados Unidos” dijo la vocera de seguridad nacional, Wendy Morigi.

En contraste con las un poco obtusas declaraciones de los oficiales de Estados Unidos, los gobiernos regionales como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela, la Comunidad Andina, y el MERCOSUR han condenado conjuntamente la violencia, y subrayaron el rol provocativo de los prefectos de la media luna. UNASUR se congregará en una reunión de emergencia el lunes para discutir la crisis y como es la mejor manera de brindarle apoyo al gobierno de Morales.

Sin embargo, más allá de los gestos retóricos de apoyo, UNASUR tal vez enfrenta su primera gran prueba como un deliberado espacio alternativo para tratar las raíces del los desafíos de Sud América que largamente giran alrededor de los privilegios de las elites económicas. Este crisis destaca aun mas el contraste entre las estrategias diplomaticas y desarrollo de Brasil y Venezuela relativa a los Estados Unidos, además en terminos de los reclamos para el cambio de la población Latinoamericana. Luego de meses de gozar de una cobertura informativa positiva y sobre un firme anuncio de crecimiento económico, el presidente Lula da Silva se verá nuevamente enredado en la más complicada amenaza interna y externa a la soberanía de Bolivia, (y el crecimiento del poder regional del Brasil).

Indicativo de la contradicción interna, el gobierno de Brasil en particular, han dado respuestas mixtas a la crisis. El Centro para la Democracia, con base en Cochabamba, hace notar que el diario brasilero, Correio Braziliense, publicó un reporte en donde se informa que el gobierno brasilero está preparando un plan de evacuación de sus ciudadanos en las regiones convulsionadas de Bolivia. El gobierno brasilero también ha llamado a sus ciudadanos que están visitando Bolivia como turistas a dejar el país y a los que están planeando hacerlo, suspender su visita. Muchas personas en las tierras bajas de Bolivia asocian Brasil con la impunidad ejercida por las autoridades provinciales debido a la extendida presencia de hacendados y madereros brasileros. El gobierno reportó que dentro de los asesinos se incluía a brasileros asociados a organizaciones traficantes criminales brasileras que han escapado a ese país. 

El viernes una declaración del Ministro de Relaciones Exteriores brasilero, Celso Amorim, sugirió que si las exportaciones de gas hacia Brasil no eran estabilizadas (el país depende de Bolivia por el 50% de sus importaciones de gas natural), el gobierno se vería forzado a negociar con los prefectos de la media luna. El Ministro de Energía, Edison Lobao, argumentó que la inestabilidad en Bolivia era más que un pretexto para construir 50 plantas nucleares en el futuro. Como estos argumentos hechos por altos oficiales del gobierno  prestaron apoyo a un aliado que está pasando apuros no está del todo claro.

Según se informa, Fernández, aliado con los intereses ilícitos de brasileros, representa el mejor retrato de las erradas formas de integración, que las iniciativas como IIRSA,  solo las han consolidado, más que remplazado. Luego de ocho años de construcción de carreteras para tanto promover la integración regional como para promover el desarrollo de las poblaciones aisladas, la masacre de Tres Barracas solo difunde la falla de IIRSA para tratar los obstáculos reales del desarrollo en una frontera de regiones sin ley, donde los caudillos como Leopoldo Fernández y una pobre presencia gubernamental conspiran para perpetuar los enclaves de la pobreza y la injusticia. Uno se pregunta si las nuevas carreteras en construcción en Pando  financiadas por el BID y la CAF, y planeadas para conectar la región con mercados distantes (Corredor Norte) van a desbaratar o continuar esta tendencia perversa.

Bolivia continua representando una prueba para la orientación de Latino América, tanto para Estados Unidos como para UNASUR.