Financiación para el desarrollo

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El proceso de Financiación para el Desarrollo (FpD), liderado por Naciones Unidas (ONU), se inició en el contexto de la crisis asiática en la década de 1990. En 1997-1998, la Asamblea General de la ONU aprobó convocar una Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que finalmente se realizó en marzo de 2002 en Monterrey, México.

La Conferencia se caracterizó por la participación activa del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). En la Conferencia y sus preparativos participaron también la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las cinco comisiones regionales y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, así como representantes de la sociedad civil y el sector privado.

Monterrey abarcó una variedad muy importante de temas relacionados con la financiación del desarrollo que preocupan a la sociedad civil, tales como el alivio de la deuda y las crisis financieras, la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD), la inversión extranjera directa, y la relación entre el comercio internacional y el desarrollo. También incluyó temas sistémicos como la gobernanza de las instituciones financieras internacionales, la representación y el poder relativo que tienen en esas instituciones los países en desarrollo.

La Conferencia se realizó sobre la base de un objetivo claro: reducir la pobreza mundial en un 50% para el año 2015, como lo establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados en la Cumbre del Milenio (setiembre de 2000). El entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, dijo que de no lograrse progresos en el área de los recursos financieros hacia los países pobres estarían en peligro las metas acordadas universalmente en aquella oportunidad por los 147 Jefes de Estado y las 191 naciones que participaron.

El resultado formal de la Conferencia fue el "Consenso de Monterrey", apoyado implícitamente por los cincuenta Jefes de Estado participantes. En él los países en desarrollo se comprometieron a introducir políticas económicas y sociales seguras para mejorar la gobernanza, eliminar la corrupción y crear un entorno regulatorio doméstico favorable al desarrollo del sector comercial privado. Por su parte, los países industrializados prometieron tomar medidas para brindar los recursos financieros necesarios que, sumados a la movilización de recursos internos del mundo en desarrollo, permitan alcanzar los ODM. Entre las medidas figura la promesa de luchar para conseguir una AOD equivalente al menos al 0,7% del producto interno bruto de cada país, mejorar el acceso al mercado de las exportaciones del mundo en desarrollo y completar la dimensión del desarrollo de la ronda de Doha de la OMC, aliviar la deuda para que su pago no sea un obstáculo para el desarrollo, facilitar el impacto que tiene la inversión extranjera directa sobre el desarrollo incrementando la transferencia de tecnología, y mejorar la arquitectura financiera mundial para que se puedan prever e impedir las crisis financieras.

Las agencias multilaterales de desarrollo, por su parte, celebraron el final de la "fatiga de la ayuda" y dieron la bienvenida al anuncio de la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el aumento de los presupuestos de la cooperación para el desarrollo. Pero aunque la AOD ha aumentado, sigue estando muy lejos de lo que se requiere para alcanzar los Objetivos del Milenio.

Debilidades, limitaciones y oportunidades

Las organizaciones de la sociedad civil, nucleadas en el Foro Social Global que reunió a miles de representantes paralelamente a la Conferencia de Monterrey, criticaron el resultado por avalar políticas económicas "neoliberales" y no avanzar en "asuntos sistémicos". Si bien se reconoció que la Conferencia fue un esfuerzo sin precedentes por establecer acuerdos entre múltiples actores, también se consideró que el Consenso de Monterrey no era un producto terminado sino en realidad un punto de partida. Y que la credibilidad del proceso de seguimiento dependería de la habilidad para superar la retórica del Consenso con propuestas concretas que efectivizaran la disponibilidad de recursos para el desarrollo.

Según John Foster, investigador del North South Institute de Canadá que ha seguido el proceso de FpD de Naciones Unidas desde el año 2000, éste “tiene debilidades y limitaciones obvias. Sin embargo, ofrece oportunidades para participar que no existen en otros lugares, en particular para quienes se preocupan por los temas de la gobernanza, la democracia y la transparencia, por cómo las distintas partes del sistema funcionan a favor o en contra del desarrollo. Puede ser, además, un foro en el que poner a consideración nuevas propuestas y construir nuevos apoyos.”

Una de las mayores debilidades del Consenso de Monterrey es que tiene un mecanismo de seguimiento muy débil, debido en gran medida a la extrema resistencia de algunos grandes países desarrollados a que la problemática de financiación tenga un peso importante en el trabajo de la ONU. Actualmente, el seguimiento consiste en una jornada de diálogo anual entre integrantes de la ONU y los jefes de los secretariados del FMI, el Banco Mundial y la OMC, y un Diálogo de Alto Nivel sobre FpD de tres días de duración realizado cada dos años.

Una nueva conferencia mundial sobre FpD está prevista del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2008 en Doha (Qatar); el objetivo es revisar la implementación de las decisiones de Monterrey y determinar qué nuevas iniciativas son necesarias para alcanzar los cada vez más comprometidos ODM. Desde 2002 ha habido un notorio cambio en el discurso sobre FpD y sobre la arquitectura internacional de la cooperación para el desarrollo. La Conferencia Ministerial de París sobre Mecanismos Innovadores de Financiación para el Desarrollo, por ejemplo (convocada por el presidente francés Jacques Chirac en febrero de 2006), vio avances en temas como la AOD, las tasas a las transacciones internacionales y a los pasajes aéreos, y la búsqueda de fondos adicionales para la salud y, específicamente, la lucha contra el VIH/SIDA.

El desafío político que enfrentan los gobiernos es lograr acuerdos concretos en la Conferencia de Doha más allá del mínimo consenso de Monterrey.

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